El traslado masivo de 20 presuntos delincuentes presos en estaciones de policía, la Cárcel Distrital y la Penitenciaría de El Bosque, inicialmente a Bogotá, genera una serie de interrogantes sobre los efectos que esta medida tendría en términos de seguridad en Barranquilla, área metropolitana y el departamento del Atlántico.

Las expectativas están centradas en saber si a corto plazo podrían darse resultados visibles en materia de las estadísticas de delitos de mucho impacto como el homicidio y la extorsión que son los que más impactan en la población.

A pesar de estar privados de la libertad, con algunas 'restricciones', la mayoría de reclusos poseen celulares en las cárceles y con ese aparato logran coordinar desde extorsiones hasta homicidios.

Obviamente para lograr introducir estos aparatos, la mayoría de alta gama, deben contar con el concurso de algunos guardianes del Inpec, quienes permiten que sus familiares lo introduzcan o ellos mismos se encargar de venderle a los reclusos.

Se ha logrado establecer que un celular de segunda pueda llegar a costar hasta 5 millones de pesos y cada tarjeta SIM hasta 300 mil pesos. 

Informaciones de las autoridades han logrado establecer que desde algunas cárceles funcionan verdaderos 'call center' del crimen, desde donde llaman a extorsionar e intimidar a comerciantes, cuya información se consiguen en los certificados de cámara de comercio, donde aparece toda la información de la empresa y sus socios.

Además, desde estos móviles dan órdenes precisas a sus 'cachorros', sicarios a los que no les tiemblan la mano para disparar contra los negocios o asesinar al que encuentran al frente de los mismos.

Toda esta información la manejan las autoridades, en especial la Policía, Gaula y el Inpec.

Tras la reunión del Consejo de Seguridad del pasado fin de semana, el Presidente Abelardo De La Espriella impartió la orden al MinJusticia y al Inpec para que iniciaran los traslados que comenzaron a darse en las primeras horas de este martes.

El Jefe de Estado y el Ministerio de Justicia han recibido la información de cómo delinquen estos internos desde ese centro de reclusión y por ende se identificó a quienes estarían reincidiendo aún privados de la libertad. Así se elaboró el listado de 20 señalados extorsionistas, en su mayoría.

De esta manera, sobre Barranquilla el país tiene la lupa puesta tras la orden emitida por el Presidente De La Espriella de trasladar a los 20 presuntos delincuentes que seguirían delinquiendo, a pesar de estar presos.

Este martes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplió inicialmente con el traslado de 10 de los internos señalados, quienes fueron sacados de la Penitenciaría El Bosque y trasladados hacia Bogotá, de donde serán distribuidos a las cárceles de máxima seguridad La Picota, en Bogotá; Cómbita, en Boyacá; y Girón, en Santander.

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Sobre esta medida de traslado a cárceles de máxima seguridad, el investigador y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, en diálogo con Zona Cero, precisó que se trata de una decisión importante que podría generar resultados en el corto plazo.

“Es una decisión importante que seguramente va a tener unos efectos de corto plazo en la medida en que el gobierno logre golpear la infraestructura criminal que hay construido dentro de la cárcel, pero especialmente en la extorsión”. 

Trejos advirtió que este tipo de acciones suelen generar alivios temporales, pero no necesariamente permanentes, puesto que estas deben ir acompañadas de medidas que permitan recuperar de manera efectiva el control de los centros penitenciarios.

“La evidencia nos ha demostrado que este tipo de medidas producen alivios temporales, pero no permanentes. Y el caso emblemático de esta situación es el de alias  ‘El Negro Ober’, un delincuente que ha estado en distintas cárceles del país, pero eso no ha impedido que él siga delinquiendo desde los centros de reclusión”, dijo el investigador.

Uno de los principales problemas, según explicó, es que muchos centros penitenciarios se encuentran ubicados en zonas urbanas y la instalación de inhibidores de señal puede terminar afectando las comunicaciones de los habitantes de los barrios cercanos, lo que genera dificultades de carácter constitucional.

“Se hicieron públicas hoy unas imágenes en las cuales el ministro de Justicia y la ministra de las TIC estuvieron reunidos con operadores de telefonía móvil precisamente tratando de buscar soluciones a la problemática de las cárceles”. 

Para el investigador, el Gobierno deberá abordar de manera gradual las fallas que permiten el ingreso y utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos desde los centros penitenciarios.

Trejos también mencionó otras medidas que han mostrado resultados diferenciales, como la ubicación de algunos internos en celdas de aislamiento, donde permanecen solos y cuentan con monitoreo permanente durante las 24 horas, lo que dificulta su acceso a teléfonos.